Durante meses, María, de 55 años, cuidadora de adultos mayores en el condado de Orange, se ha esforzado por no sonreír.
Le preocupa que si abre demasiado la boca, la gente vea sus dientes astillados y cubiertos de placa. Inmigrante sin papeles, María no tiene seguro médico ni dental. Cuando le empiezan a doler los dientes, toma analgésicos. El verano pasado, un dentista le dijo que arreglarle la dentadura le costaría $2.400. Es más de lo que puede permitirse.
“Es carísimo”, dijo María, quien generalmente trabaja 12 horas al día subiendo y bajando de la cama a clientes y ayudándolos con la higiene, a tomar los medicamentos y con las tareas del hogar. “Necesito dinero para mis hijos, para el alquiler, para el transporte, para la comida. A veces, no me queda nada para mí”.
Una organización de defensa de los trabajadores inmigrantes puso en contactó a KFF Health News con María. Por temor a la deportación, pidió que solo se usara su nombre de pila en este artículo.
María se encuentra entre los 2.6 millones de inmigrantes que viven en California sin estatus legal, según estimaciones del gobierno federal.
El estado había buscado gradualmente incorporar a estos inmigrantes a su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal.
Pero ahora, ante el congelamiento de las inscripciones estatales, los residentes californianos de bajos ingresos que se encuentran en el país sin papeles, junto con los proveedores y trabajadores comunitarios que los ayudan, evalúan con inquietud los beneficios de avanzar con las solicitudes de Medi-Cal frente a los riesgos de ser descubiertos y deportados por el gobierno federal.
La Legislatura de California, que busca cerrar un déficit presupuestario proyectado de $12 mil millones, aprobó una propuesta del gobernador demócrata Gavin Newsom para finalizar la inscripción en Medi-Cal en enero de 2026 para los mayores de 19 años sin estatus legal. Los legisladores están en proceso de definir los detalles finales del acuerdo presupuestario antes de que entre en marcha el nuevo año fiscal.
Mientras tanto, las redadas federales de inmigración, que parecen haber afectado al menos a una clínica de salud en el estado, ya están provocando que algunas personas teman buscar atención médica, según defensores de los inmigrantes y proveedores de salud.
Y se espera que la reciente noticia de que funcionarios de la administración Trump están compartiendo datos de los beneficiarios de Medicaid, incluyendo su estatus migratorio, con las autoridades de inmigración erosione aún más la confianza en el programa.
Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), afirmó que la agencia, que supervisa los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), tenía la autoridad legal para compartir los datos y abordar la “negligencia sistémica sin precedentes bajo la administración Biden-Harris, que permitió que inmigrantes indocumentados explotaran Medicaid mientras millones de estadounidenses luchaban por acceder a la atención médica, particularmente en estados como California”.
Para complicar aún más la situación, la administración Trump ha amenazado con retener los fondos de estados que ofrecen cobertura médica a personas sin estatus legal.
Actualmente, alrededor de 1.6 millones de personas que residen en el país sin documentos están inscritas en Medi-Cal.
En 2016, California comenzó a ampliar Medi-Cal a personas de bajos ingresos sin estatus legal, comenzando con los niños, y luego lo expandió gradualmente a jóvenes, adultos mayores y, en enero de este año, a personas de entre 26 y 49 años. El Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que supervisa Medi-Cal, se asoció con clínicas de salud comunitarias para ayudar a inscribir a las personas elegibles.
Es demasiado pronto para determinar el impacto que las últimas acciones estatales y federales estén teniendo en las cifras de inscripción, ya que los datos solo están disponibles hasta marzo. Sin embargo, muchos proveedores y defensores afirmaron que prevén un efecto negativo en la inscripción de inmigrantes, por miedo.
Seciah Aquino es directora ejecutiva de la Latino Coalition for a Healthy California, que apoya a los promotores de salud comunitarios, quienes ayudan a difundir la expansión de Medi-Cal a los adultos sin papeles. Poco más de la mitad de los beneficiarios del seguro médico público en California son latinos, en comparación con solo el 30% de los beneficiarios de Medicaid en todo el país.
Aquino afirmó que su coalición les pedirá a los promotores que informen sobre los riesgos de compartir datos para que los miembros de la comunidad puedan tomar decisiones informadas. “Se toman muy en serio que el consejo que le dieron a un miembro de la comunidad ahora pueda perjudicarlos”, expresó.
Newsom condenó el intercambio de datos, calificándolo de “legalmente dudoso”, mientras que los senadores nacionales Adam Schiff y Alex Padilla, ambos demócratas, han exigido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destruya cualquier dato compartido.
El Departamento de Servicios de Atención Médica de California anunció el 13 de junio que estaba solicitando más información al gobierno federal. La agencia dijo que enviaba informes mensuales a los CMS con información demográfica y de elegibilidad, incluyendo nombre y dirección, según lo exige la ley.
De acuerdo a lo informado, también se compartieron con el DHS datos de los afiliados a Medicaid de Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C.
Jamie Munks, vocera del Departamento de Atención Médica y Servicios de Familia de Illinois, la agencia estatal de Medicaid, afirmó que el departamento estaba “profundamente preocupado” por la noticia, y que los datos se transmitían regularmente a los CMS con el entendimiento de que estaban protegidos.
En Sacramento, los legisladores demócratas se encontraron en la incómoda situación de tener que reducir los beneficios de salud para residentes de bajos ingresos con un estatus migratorio insatisfactorio, incluyendo personas sin estatus legal, personas con residencia permanente (green card o tarjeta verde) por menos de cinco años, y algunas otras que están en proceso de solicitar un estatus legal o tienen estatus que los protege de la deportación.
Además de apoyar el congelamiento de la inscripción a Medi-Cal para inmigrantes mayores de 19 años que residen en el país sin documentos, los legisladores acordaron cobrar primas mensuales a todos los residentes con un estatus migratorio insatisfactorio de entre 19 y 59 años. Newsom propuso una prima mensual de $100 a partir de enero de 2027; los legisladores estatales contraofertaron una de $30 a partir de julio de 2027.
“Lo que escucho en los sitios es que la gente me dice que les va a resultar muy difícil realizar estos pagos de primas, ya sean de $100 o $30”, dijo Carlos Alarcón, analista de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, un grupo de defensa. “La realidad es que la mayoría de la gente ya tiene presupuestos limitados”.
La Legislatura rechazó una propuesta del gobernador para prohibir que los inmigrantes con un estatus migratorio insatisfactorio reciban atención de largo plazo en residencias de adultos mayores y atención domiciliaria a través de Medi-Cal, pero aceptó la eliminación de los beneficios dentales a partir de julio de 2026.
Los proveedores de atención médica afirmaron que, sin cobertura de Medi-Cal, muchos inmigrantes se verán obligados a buscar atención de emergencia, que es más costosa para los contribuyentes que la atención preventiva y de nivel primario.
Sepideh Taghvaei, directora dental de Dientes Community Dental Care del condado de Santa Cruz, presenció este fenómeno en 2009, cuando el estado recortó los beneficios dentales de Medi-Cal para adultos. Los pacientes llegaban con la cara hinchada y un dolor insoportable, con afecciones tan avanzadas que requerían tratamiento hospitalario. “No es rentable”, afirmó.
El senador estatal Roger Niello, republicano y vicepresidente del comité de presupuesto del Senado, afirmó que cree que California no debería financiar Medi-Cal para personas sin estatus legal, especialmente considerando los desafíos fiscales del estado. También expresó su preocupación por la posibilidad de que la cobertura para quienes residen en el país sin papeles anime a otros a mudarse a California.
“Si mantenemos ese gasto para los no ciudadanos, tendremos que recortar en otras áreas, y eso sin duda afectará a los ciudadanos”, aseguró.
Los californianos también están cambiando de opinión. En una encuesta realizada en mayo por el Public Policy Institute of California, el 58% de los adultos se opuso al beneficio.
Para María, los cambios en las políticas de salud la han dejado paralizada. Desde que llegó aquí hace cinco años, su prioridad ha sido ganar dinero para mantener a sus tres hijos, a quienes dejó con sus padres en su país de origen, contó.
La mujer no se enteró de que podría ser elegible para Medi-Cal hasta principios de este año y no había tenido tiempo de completar el papeleo. Después que una amiga le dijera que el estado podría congelar la inscripción en enero, comenzó a apresurarse para completar el proceso de inscripción.
Pero entonces se enteró de que los datos de Medi-Cal se habían compartido con las autoridades de inmigración. “Decepcionada y asustada”, así describió su reacción.
De repente, inscribirse en Medi-Cal ya no le parece buena idea, dijo.
Phil Galewitz y Bram Sable-Smith contribuyeron con este artículo.
Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
Durante meses, María, de 55 años, cuidadora de adultos mayores en el condado de Orange, se ha esforzado por no sonreír.
Le preocupa que si abre demasiado la boca, la gente vea sus dientes astillados y cubiertos de placa. Inmigrante sin papeles, María no tiene seguro médico ni dental. Cuando le empiezan a doler los dientes, toma analgésicos. El verano pasado, un dentista le dijo que arreglarle la dentadura le costaría $2.400. Es más de lo que puede permitirse.
“Es carísimo”, dijo María, quien generalmente trabaja 12 horas al día subiendo y bajando de la cama a clientes y ayudándolos con la higiene, a tomar los medicamentos y con las tareas del hogar. “Necesito dinero para mis hijos, para el alquiler, para el transporte, para la comida. A veces, no me queda nada para mí”.
Una organización de defensa de los trabajadores inmigrantes puso en contactó a KFF Health News con María. Por temor a la deportación, pidió que solo se usara su nombre de pila en este artículo.
María se encuentra entre los 2.6 millones de inmigrantes que viven en California sin estatus legal, según estimaciones del gobierno federal.
El estado había buscado gradualmente incorporar a estos inmigrantes a su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal.
Pero ahora, ante el congelamiento de las inscripciones estatales, los residentes californianos de bajos ingresos que se encuentran en el país sin papeles, junto con los proveedores y trabajadores comunitarios que los ayudan, evalúan con inquietud los beneficios de avanzar con las solicitudes de Medi-Cal frente a los riesgos de ser descubiertos y deportados por el gobierno federal.
La Legislatura de California, que busca cerrar un déficit presupuestario proyectado de $12 mil millones, aprobó una propuesta del gobernador demócrata Gavin Newsom para finalizar la inscripción en Medi-Cal en enero de 2026 para los mayores de 19 años sin estatus legal. Los legisladores están en proceso de definir los detalles finales del acuerdo presupuestario antes de que entre en marcha el nuevo año fiscal.
Mientras tanto, las redadas federales de inmigración, que parecen haber afectado al menos a una clínica de salud en el estado, ya están provocando que algunas personas teman buscar atención médica, según defensores de los inmigrantes y proveedores de salud.
Y se espera que la reciente noticia de que funcionarios de la administración Trump están compartiendo datos de los beneficiarios de Medicaid, incluyendo su estatus migratorio, con las autoridades de inmigración erosione aún más la confianza en el programa.
Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), afirmó que la agencia, que supervisa los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), tenía la autoridad legal para compartir los datos y abordar la “negligencia sistémica sin precedentes bajo la administración Biden-Harris, que permitió que inmigrantes indocumentados explotaran Medicaid mientras millones de estadounidenses luchaban por acceder a la atención médica, particularmente en estados como California”.
Para complicar aún más la situación, la administración Trump ha amenazado con retener los fondos de estados que ofrecen cobertura médica a personas sin estatus legal.
Actualmente, alrededor de 1.6 millones de personas que residen en el país sin documentos están inscritas en Medi-Cal.
En 2016, California comenzó a ampliar Medi-Cal a personas de bajos ingresos sin estatus legal, comenzando con los niños, y luego lo expandió gradualmente a jóvenes, adultos mayores y, en enero de este año, a personas de entre 26 y 49 años. El Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, que supervisa Medi-Cal, se asoció con clínicas de salud comunitarias para ayudar a inscribir a las personas elegibles.
Es demasiado pronto para determinar el impacto que las últimas acciones estatales y federales estén teniendo en las cifras de inscripción, ya que los datos solo están disponibles hasta marzo. Sin embargo, muchos proveedores y defensores afirmaron que prevén un efecto negativo en la inscripción de inmigrantes, por miedo.
Seciah Aquino es directora ejecutiva de la Latino Coalition for a Healthy California, que apoya a los promotores de salud comunitarios, quienes ayudan a difundir la expansión de Medi-Cal a los adultos sin papeles. Poco más de la mitad de los beneficiarios del seguro médico público en California son latinos, en comparación con solo el 30% de los beneficiarios de Medicaid en todo el país.
Aquino afirmó que su coalición les pedirá a los promotores que informen sobre los riesgos de compartir datos para que los miembros de la comunidad puedan tomar decisiones informadas. “Se toman muy en serio que el consejo que le dieron a un miembro de la comunidad ahora pueda perjudicarlos”, expresó.
Newsom condenó el intercambio de datos, calificándolo de “legalmente dudoso”, mientras que los senadores nacionales Adam Schiff y Alex Padilla, ambos demócratas, han exigido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destruya cualquier dato compartido.
El Departamento de Servicios de Atención Médica de California anunció el 13 de junio que estaba solicitando más información al gobierno federal. La agencia dijo que enviaba informes mensuales a los CMS con información demográfica y de elegibilidad, incluyendo nombre y dirección, según lo exige la ley.
De acuerdo a lo informado, también se compartieron con el DHS datos de los afiliados a Medicaid de Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C.
Jamie Munks, vocera del Departamento de Atención Médica y Servicios de Familia de Illinois, la agencia estatal de Medicaid, afirmó que el departamento estaba “profundamente preocupado” por la noticia, y que los datos se transmitían regularmente a los CMS con el entendimiento de que estaban protegidos.
En Sacramento, los legisladores demócratas se encontraron en la incómoda situación de tener que reducir los beneficios de salud para residentes de bajos ingresos con un estatus migratorio insatisfactorio, incluyendo personas sin estatus legal, personas con residencia permanente (green card o tarjeta verde) por menos de cinco años, y algunas otras que están en proceso de solicitar un estatus legal o tienen estatus que los protege de la deportación.
Además de apoyar el congelamiento de la inscripción a Medi-Cal para inmigrantes mayores de 19 años que residen en el país sin documentos, los legisladores acordaron cobrar primas mensuales a todos los residentes con un estatus migratorio insatisfactorio de entre 19 y 59 años. Newsom propuso una prima mensual de $100 a partir de enero de 2027; los legisladores estatales contraofertaron una de $30 a partir de julio de 2027.
“Lo que escucho en los sitios es que la gente me dice que les va a resultar muy difícil realizar estos pagos de primas, ya sean de $100 o $30”, dijo Carlos Alarcón, analista de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center, un grupo de defensa. “La realidad es que la mayoría de la gente ya tiene presupuestos limitados”.
La Legislatura rechazó una propuesta del gobernador para prohibir que los inmigrantes con un estatus migratorio insatisfactorio reciban atención de largo plazo en residencias de adultos mayores y atención domiciliaria a través de Medi-Cal, pero aceptó la eliminación de los beneficios dentales a partir de julio de 2026.
Los proveedores de atención médica afirmaron que, sin cobertura de Medi-Cal, muchos inmigrantes se verán obligados a buscar atención de emergencia, que es más costosa para los contribuyentes que la atención preventiva y de nivel primario.
Sepideh Taghvaei, directora dental de Dientes Community Dental Care del condado de Santa Cruz, presenció este fenómeno en 2009, cuando el estado recortó los beneficios dentales de Medi-Cal para adultos. Los pacientes llegaban con la cara hinchada y un dolor insoportable, con afecciones tan avanzadas que requerían tratamiento hospitalario. “No es rentable”, afirmó.
El senador estatal Roger Niello, republicano y vicepresidente del comité de presupuesto del Senado, afirmó que cree que California no debería financiar Medi-Cal para personas sin estatus legal, especialmente considerando los desafíos fiscales del estado. También expresó su preocupación por la posibilidad de que la cobertura para quienes residen en el país sin papeles anime a otros a mudarse a California.
“Si mantenemos ese gasto para los no ciudadanos, tendremos que recortar en otras áreas, y eso sin duda afectará a los ciudadanos”, aseguró.
Los californianos también están cambiando de opinión. En una encuesta realizada en mayo por el Public Policy Institute of California, el 58% de los adultos se opuso al beneficio.
Para María, los cambios en las políticas de salud la han dejado paralizada. Desde que llegó aquí hace cinco años, su prioridad ha sido ganar dinero para mantener a sus tres hijos, a quienes dejó con sus padres en su país de origen, contó.
La mujer no se enteró de que podría ser elegible para Medi-Cal hasta principios de este año y no había tenido tiempo de completar el papeleo. Después que una amiga le dijera que el estado podría congelar la inscripción en enero, comenzó a apresurarse para completar el proceso de inscripción.
Pero entonces se enteró de que los datos de Medi-Cal se habían compartido con las autoridades de inmigración. “Decepcionada y asustada”, así describió su reacción.
De repente, inscribirse en Medi-Cal ya no le parece buena idea, dijo.
Phil Galewitz y Bram Sable-Smith contribuyeron con este artículo.
Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
