El vestíbulo de la clínica comunitaria St. John’s Community Health en el sur de Los Ángeles está repleto de pacientes, pero a la trabajadora de salud comunitaria Ana Ruth Varela le preocupa que todo se vuelva mucho más tranquilo. Dijo que muchos pacientes tienen miedo de salir de sus casas.
“El otro día hablé con una de las pacientes. Me dijo: ‘No sé. ¿Debería ir a mi cita? ¿Debería cancelarla? No sé qué hacer’. Y le dije: ‘Simplemente ven’”.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el temor a las deportaciones masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se ha apoderado de las comunidades inmigrantes.
Durante años, una política de larga data impedía a los agentes federales de inmigración realizar arrestos en o cerca de lugares sensibles, incluidas escuelas, lugares de culto, hospitales y centros de salud. Fue una de las primeras normas que Trump revocó en enero, a apenas horas de haber jurado como el nuevo presidente.
Benjamine Huffman, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, revocó la directiva el 21 de enero. En un comunicado de prensa adjunto, un vocero del DHS dijo que la medida ayudaría a los agentes a buscar inmigrantes que hayan cometido delitos. “La administración Trump no atará las manos de nuestra valiente policía y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, decía el comunicado.
La rapidez del cambio tomó por sorpresa a Darryn Harris.
“Pensé que teníamos más tiempo”, dijo Harris, director de asuntos gubernamentales y relaciones comunitarias en St. John’s.
Harris está entrenando velozmente a más de 1.000 trabajadores de St. John’s sobre cómo leer las órdenes judiciales mientras se capacitan para un nuevo papel: enseñar a los pacientes sus derechos constitucionales.
El demócrata Rob Conta, fiscal general de California, está aconsejando a las clínicas que publiquen información sobre el derecho de los pacientes a permanecer en silencio y que les proporcionen información sobre grupos de ayuda legal.
Bonta también insta a los proveedores de atención médica a no incluir el estatus migratorio de los pacientes en las facturas y los registros médicos. Su oficina indica que, si bien el personal no debe obstruir físicamente a los agentes de inmigración, no tienen la obligación de ayudar en un arresto.
Aunque durante el primer mandato de Trump hubo arrestos por inmigración en hospitales, la política general seguía siendo de respeto a los “lugares sensibles”. Pero ahora, el DHS afirma que las reglas anteriores obstaculizaron los esfuerzos de aplicación de la ley al crear sitios donde las personas sin estatus legal podían evadir la detención.
Matt Lopas, director de defensa estatal y asistencia técnica para el National Immigration Law Center, dijo que para que los oficiales de inmigración accedan a la información de salud o ingresen a espacios privados como las salas de examen, deben presentar una orden firmada por un juez.
“Es increíblemente importante que cada centro de atención médica tenga a alguien capacitado para poder leer esas órdenes” y determinar su validez, enfatizó Lopas.
En el Área de la Bahía de San Francisco, Zenaida Aguilera ha sido elegida para leer las órdenes de arresto para La Clínica de La Raza. Aguilera es la oficial de cumplimiento, privacidad y riesgo de la red de clínicas. Si los agentes de inmigración se presentan, ella está de guardia en las 31 clínicas comunitarias de la organización.
Ahora, Aguilera también está a cargo de la capacitación de cientos de empleados de salud. Ya ha capacitado a unos 250, pero la mayor parte de ese trabajo aún está por venir.
“Probablemente tengamos alrededor de mil empleados más”, dijo.
Aguilera teme que la administración Trump tenga en la mira a California para aplicar las leyes de inmigración debido a sus aproximadamente 2 millones de residentes sin papeles, la cifra más alta de cualquier estado, según el Pew Research Center. En 2022, 11 millones de personas estaban en Estados Unidos sin documentos legales.
Y agregó que La Clínica planea colocar afiches con los derechos constitucionales de los pacientes en los vestíbulos de las clínicas, y proporcionará recursos como información de contacto para grupos de asistencia legal.
“Nos gustaría simplemente hacer el trabajo de cuidar a nuestros pacientes en lugar de capacitar a nuestro personal sobre qué hacer si hay un funcionario de ICE que intenta ingresar a nuestras clínicas”, dijo Aguilera.
Ese artículo es parte de una alianza que incluye a NPR y KFF Health News.
El vestíbulo de la clínica comunitaria St. John’s Community Health en el sur de Los Ángeles está repleto de pacientes, pero a la trabajadora de salud comunitaria Ana Ruth Varela le preocupa que todo se vuelva mucho más tranquilo. Dijo que muchos pacientes tienen miedo de salir de sus casas. “El otro día hablé con una de las pacientes. Me dijo: ‘No sé. ¿Debería ir a mi cita? ¿Debería cancelarla? No sé qué hacer’. Y le dije: ‘Simplemente ven’”. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el temor a las deportaciones masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se ha apoderado de las comunidades inmigrantes. Durante años, una política de larga data impedía a los agentes federales de inmigración realizar arrestos en o cerca de lugares sensibles, incluidas escuelas, lugares de culto, hospitales y centros de salud. Fue una de las primeras normas que Trump revocó en enero, a apenas horas de haber jurado como el nuevo presidente. Benjamine Huffman, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, revocó la directiva el 21 de enero. En un comunicado de prensa adjunto, un vocero del DHS dijo que la medida ayudaría a los agentes a buscar inmigrantes que hayan cometido delitos. “La administración Trump no atará las manos de nuestra valiente policía y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, decía el comunicado. La rapidez del cambio tomó por sorpresa a Darryn Harris. “Pensé que teníamos más tiempo”, dijo Harris, director de asuntos gubernamentales y relaciones comunitarias en St. John’s. Harris está entrenando velozmente a más de 1.000 trabajadores de St. John’s sobre cómo leer las órdenes judiciales mientras se capacitan para un nuevo papel: enseñar a los pacientes sus derechos constitucionales. El demócrata Rob Conta, fiscal general de California, está aconsejando a las clínicas que publiquen información sobre el derecho de los pacientes a permanecer en silencio y que les proporcionen información sobre grupos de ayuda legal. Bonta también insta a los proveedores de atención médica a no incluir el estatus migratorio de los pacientes en las facturas y los registros médicos. Su oficina indica que, si bien el personal no debe obstruir físicamente a los agentes de inmigración, no tienen la obligación de ayudar en un arresto. Aunque durante el primer mandato de Trump hubo arrestos por inmigración en hospitales, la política general seguía siendo de respeto a los “lugares sensibles”. Pero ahora, el DHS afirma que las reglas anteriores obstaculizaron los esfuerzos de aplicación de la ley al crear sitios donde las personas sin estatus legal podían evadir la detención. Matt Lopas, director de defensa estatal y asistencia técnica para el National Immigration Law Center, dijo que para que los oficiales de inmigración accedan a la información de salud o ingresen a espacios privados como las salas de examen, deben presentar una orden firmada por un juez. “Es increíblemente importante que cada centro de atención médica tenga a alguien capacitado para poder leer esas órdenes” y determinar su validez, enfatizó Lopas. En el Área de la Bahía de San Francisco, Zenaida Aguilera ha sido elegida para leer las órdenes de arresto para La Clínica de La Raza. Aguilera es la oficial de cumplimiento, privacidad y riesgo de la red de clínicas. Si los agentes de inmigración se presentan, ella está de guardia en las 31 clínicas comunitarias de la organización. Ahora, Aguilera también está a cargo de la capacitación de cientos de empleados de salud. Ya ha capacitado a unos 250, pero la mayor parte de ese trabajo aún está por venir. “Probablemente tengamos alrededor de mil empleados más”, dijo. Aguilera teme que la administración Trump tenga en la mira a California para aplicar las leyes de inmigración debido a sus aproximadamente 2 millones de residentes sin papeles, la cifra más alta de cualquier estado, según el Pew Research Center. En 2022, 11 millones de personas estaban en Estados Unidos sin documentos legales. Y agregó que La Clínica planea colocar afiches con los derechos constitucionales de los pacientes en los vestíbulos de las clínicas, y proporcionará recursos como información de contacto para grupos de asistencia legal. “Nos gustaría simplemente hacer el trabajo de cuidar a nuestros pacientes en lugar de capacitar a nuestro personal sobre qué hacer si hay un funcionario de ICE que intenta ingresar a nuestras clínicas”, dijo Aguilera. Ese artículo es parte de una alianza que incluye a NPR y KFF Health News.
